El PSOE exige al equipo de Gobierno del PP que cumpla la ley

El Grupo Municipal del PSOE ha presentado un paquete de alegaciones al expediente de modificación presupuestaria de crédito extraordinario aprobado de forma inicial en el pleno del pasado 28 de julio. Los socialistas, que votaron en contra de esta modificación del vigente Presupuesto, ya advirtieron en la sesión plenaria que el expediente elaborado por el PP no cumplía con los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. La modificación impulsada por el PP se cifra en 95.830,23 euros, de los que casi 45.000 euros (44.687,72 euros) se destinarían a la contratación de una consultora para realizar una auditoria interna de las cuentas del Ayuntamiento.

El PSOE, ejerciendo su papel de oposición constructiva, ha presentado las alegaciones para que los trámites se realicen conforme a la normativa, dado que, por ejemplo, el equipo de Gobierno, no ha incluido en el expediente ninguna memoria que justifique esta modificación ni, por supuesto, su carácter inaplazable; y porque, en su compromiso con los segovianos para velar por el buen gobierno, no quiere que se malgaste el dinero de los segovianos en una auditoria externa que, como se ha comprobado, no es necesaria. De hecho, la propia concejala de Hacienda y Contratación Pública, Rosalía Serrano, ha reconocido públicamente que en el Ayuntamiento de Segovia no hay problemas de endeudamiento y que las cuentas municipales cumplen con todas las reglas de fiscalidad.

El PP sabe que las arcas municipales gozan de buena salud y que las cuentas son correctas, claras y transparentes. En campaña electoral el señor José Mazarías, en un ejercicio de pura demagogia, anunció una auditoría de carácter financiero para detectar el estado contable y el gasto superfluo. Ahora ya no será así, pues será una auditoria externa operativa (sobre los sistemas de gestión), de tal manera que el análisis financiero se limitará a las cuentas de la Fundación Don Juan de Borbón, Evisego, Turismo de Segovia y el IMD; cuando, curiosamente, algunos de estos organismos cuentan ya con sus propias auditorias. Se pone de nuevo en evidencia que el encargo de esta auditoria obedece más a un capricho, uno más a los que ya nos tienen acostumbrados, con el fin de cumplir con aquella ocurrencia de la campaña electoral del señor José Mazarías.

En el documento de alegaciones, el PSOE advierte que el expediente no contiene memoria justificativa de la necesidad de la realización de una auditoria de control financiero del Ayuntamiento de Segovia y de las entidades del sector publico dependientes. Con posterioridad a la convocatoria de la comisión informativa de Hacienda se incorporó un simple documento firmado por la concejala de Hacienda Local que no puede considerarse, en ningún caso, una memoria justificativa de esta modificación. Además, la señora Rosalía Serrano, que ha ofrecido explicaciones confusas y divergentes, tampoco precisó ni en aquella comisión ni posteriormente en el pleno cuál es el gasto específico y determinado que se financiará con esta modificación.

Por otra parte, no existe en el expediente ningún documento suscrito por un técnico municipal que justifique la necesidad de esta modificación presupuestaria. No existe informe ni de la Tesoreria Municipal, órgano gestor de la partida presupuestaria, ni tan siquiera de la Intervención Municipal, departamento que conforme al artículo 34 del Real Decreto 424 2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, es a quien compete la propuesta de recabar la colaboración pública o privada en la realización de las auditorias públicas.

Además, el PSOE alerta que no se ha justificado en ningún caso que esta auditoría de control financiero no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, además de que, a juicio de los socialistas, resulta a todas luces insuficiente la cantidad presupuestada para la realización de las auditorias que se pretenden. Baste el ejemplo de la auditoria operativa del área de Urbanismo que se contrató en 2019, con un periodo de ejecución de tres meses, que costó 31.302,60 euros, solo 13.385 euros menos de la cantidad ahora aprobada (44.687,72 euros) para una auditoria operativa que, según aspira el PP, afectará a todos los departamentos y concejalías del Ayuntamiento. Además, no existe en el expediente presupuesto alguno o elemento de juicio suficiente que justifique la suficiencia de esa partida presupuestaria para el gasto que se pretende realizar.