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Lunes, 08 de Septiembre de 2025

Javier López Alarma @jlopezalarma
Miércoles, 28 de Diciembre de 2022 Tiempo de lectura:

Presunto delito urbanístico en un pueblo de Segovia

El Seprona investiga a tres personas por un presunto delito urbanístico en un pueblo de Segovia, contra la ordenación del territorio y el urbanismo.

 

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Segovia localizó en un pueblo de la provincia de Segovia unas construcciones de reciente edificación que, según informa la Subdelegación del Gobierno, «presentaban un aspecto y uso que podrían no ser compatibles con la clasificación de suelo rústico de la parcela donde se habían ejecutado». Los hechos ocurrieron en Cuéllar (Segovia).


Investigación del presunto delito urbanístico

 

Con esa sospecha, se inició la investigación, solicitando información al Ayuntamiento de la localidad segoviana y al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

 

En ambos casos se constató «que las obras de reciente construcción carecían de licencia, siendo incompatibles con las Normas Urbanísticas Municipales y, por tanto, no pudiendo ser autorizadas«.

 

Además, se comprobó que la Alcaldía de la Villa había decretado la paralización de los usos del suelo que se estaban promoviendo.


Resultado de las pesquisas

 

A la vista de los resultados de las gestiones efectuadas, se procedió a la investigación de los dos promotores de las obras. A ambos «se les atribuye la comisión de un supuesto delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo». Asimismo, de otro delito de «desobediencia, al no haber acatado la orden de paralización de las obras, puesto que ya estaban terminadas».

 

Igualmente, se investigó al constructor de las mismas como supuesto autor de un delito urbanístico.

 

 

Los componentes del Seprona contaron para estas actuaciones con la colaboración de la Policía Local de Cuéllar y el Registro de la Propiedad de esta localidad.

 

Estas actuaciones se enmarcan dentro la misión específica asignada al Servicio de Protección de la Naturaleza, de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la ordenación del territorio. En el mismo periodo anual, los agentes de esta especialidad de la Guardia Civil formularon 50 denuncias en esta provincia, motivadas por distintas infracciones administrativas en materia urbanística. En estos casos la irregularidad más habitual es la ejecución de construcciones sin contar con la correspondiente licencia municipal (de obra).
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Con estas tres personas, durante este año 2022 asciende a seis el número de investigados por el SEPRONA de la provincia de Segovia por su participación en la comisión de delitos contra la ordenación del territorio. La conducta habitual en este tipo de hechos es la ejecución de construcciones no autorizables en terrenos clasificados como rústicos.


Recordatorio de la Guardia Civil sobre usos urbanísticos

 

La Guardia Civil recuerda que hay diferentes usos urbanísticos que están prohibidos por la legislación vigente para el suelo rústico.

 

Están especialmente restringidas las edificaciones con un uso recreativo o residencial, las cuales solamente podrán ser autorizadas tras la tramitación del oportuno expediente administrativo y prácticamente solo se pueden legalizar cuando amparen viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

 

Igualmente, hay que resaltar que se deben de cumplir las licencias urbanísticas otorgadas para la construcción de cuadras o de almacenes de guarda de aperos en terrenos rústicos y no modificar su uso, convirtiéndolas en merenderos o inmuebles de uso recreativo (ocio y tiempo libre privado), habiéndose detectado en algunos casos incluso la instalación de piscinas junto a este tipo de inmuebles.

 

Para estas conductas el Código Penal prevé penas de hasta 4 años de prisión, multa de 12 a 24 meses, que incluso pueden llegar al triple del beneficio obtenido, así como inhabilitación especial para profesión u oficio de 1 a 4 años, señalando como responsables a los promotores, constructores o técnicos directores de las obras ilegales. Accesoriamente, los jueces y tribunales pueden ordenar la demolición de la obra a cargo del autor del hecho.

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