El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos

El Tribunal Supremo ha avanzado el fallo de la sentencia por la que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos en relación con la difusión del correo electrónico del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El fallo ha sido adoptado por cinco votos a favor y dos en contra.

La condena establece una multa de 7.200 euros, dos años de inhabilitación, el pago de 10.000 euros de indemnización por daños morales a González Amador y la asunción de las costas procesales. La sentencia íntegra será publicada en los próximos días.

El origen del caso está en la querella presentada por González Amador, después de que la Cadena SER difundiera un correo en el que el empresario reconocía dos delitos fiscales y solicitaba un pacto penal. Según la investigación, desde la Fiscalía General se recuperó su expediente tributario y se elaboró una nota de prensa para desmentir la versión difundida por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, quien había asegurado a varios periodistas que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo que fue posteriormente frenado “por órdenes superiores”.

El juez instructor consideró delictivas tanto la filtración del correo electrónico como la elaboración de la nota de prensa, al entender que ambas acciones vulneraron la confidencialidad de información tributaria y procesal. La acusación particular sostuvo que la nota emitida por la Fiscalía “puso el sello oficial al reconocimiento del delito”.

La resolución no ha sido unánime. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo —esta última, ponente inicial del caso— han anunciado voto particular. La sentencia será finalmente redactada por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y firmada por los otros cinco magistrados: Manuel Marchena, Carmen Lamela, Antonio del Moral y José Ramón Berdugo.

Durante el proceso, tanto la Abogacía del Estado, que defendía a García Ortiz, como la Fiscalía, solicitaron su absolución. La defensa de González Amador reclamaba una pena considerablemente mayor, de hasta cuatro años de prisión.