La Ley de Publicidad Institucional provoca los primeros despidos de periodistas en Castilla y León

La Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León ya ha generado sus primeras consecuencias laborales en los medios de comunicación de la comunidad. El Colegio Profesional de Periodistas ha alertado de que varios profesionales han sido despedidos como efecto directo de la aplicación de la normativa, una situación que, advierten, podría agravarse si no se modifica la ley o si la justicia no concede las medidas cautelares solicitadas por 25 medios ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El decano del Colegio, Pedro Lechuga Mallo, ha confirmado que estos primeros despidos suponen “una grave pérdida de empleo y una merma en la pluralidad informativa” en la región. Lechuga ha recordado que tanto el propio Colegio como numerosos medios advirtieron antes de su aprobación de los riesgos de la norma, pero sus advertencias no fueron atendidas por los grupos políticos que respaldaron la ley: PSOE, VOX y los procuradores de Podemos, entre ellos Pablo Fernández y Francisco Igea.

Un impacto especialmente duro para los medios pequeños

La norma limita a un máximo del 33% de la facturación anual el volumen de publicidad institucional que puede recibir un medio. Según representantes del sector, esta restricción afecta de forma desproporcionada a los medios pequeños y locales, cuya supervivencia depende en gran medida de estas campañas.

Mientras tanto, los grandes grupos de comunicación —con ingresos mucho más diversificados— apenas notarían el impacto y podrían seguir accediendo a partidas significativas de publicidad institucional. Esta asimetría ha generado críticas por la posible discriminación económica de la ley, que podría favorecer indirectamente a conglomerados de comunicación en detrimento de medios independientes y locales, reduciendo así la diversidad informativa.

Dudas sobre la constitucionalidad de la norma

El Consejo Consultivo ha advertido de posibles problemas de encaje legal. Según su dictamen, la ley podría exceder las competencias autonómicas, ya que Castilla y León no puede ampliar las prohibiciones de contratación establecidas por el Estado. La inclusión de vetos a medios con condenas judiciales podría suponer una invasión competencial que pondría en riesgo la validez jurídica de la norma.

Los medios recurren al TSJ en busca de protección

Ante el impacto económico y laboral, 25 medios de comunicación han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La concesión de medidas cautelares permitiría suspender temporalmente la aplicación de la ley mientras se resuelve el fondo del asunto.

De aceptarse, la suspensión frenaría nuevos despidos y evitaría un deterioro mayor del tejido informativo de la comunidad, preservando —al menos de forma provisional— la pluralidad mediática en Castilla y León.