Pérez: “El PSOE engaña con los costes del CAT y oculta los 50.000 euros que debe pagar por otro juicio perdido”

Para empezar, el portavoz de los populares ha indicado que terminar los remates del CIDE no será mes y medio, sino tres meses y no costará alrededor de 300.000 euros como dijo el portavoz socialista, Jesús García Zamora. Según Pérez, esto es “falso”, ya que el coste total, si se incluye el IVA, alcanzará los 511.951 euros y si se suman, además, los 42.229 euros que se le van a pagar a la empresa Sancho Madridejos por redactar el proyecto, esa cifra asciende a casi 560.000 euros.

Pablo Pérez ha señalado que el proyecto del CAT continúa mermando los recursos que tendrían que ir a la ciudad de Segovia y ha afirmado con rotundidad que el CIDE -el único edificio construido de este macro proyecto socialista- es “un pozo sin fondo, un agujero negro del dinero de los segovianos”.

Un agujero que se llevará de las arcas municipales en pocas semanas más de 600.000 euros porque a los casi 560.000 euros que costará terminar el edificio del CIDE, habrá que sumar otros 50.000 euros, que será la cantidad que tendrá que pagar el ejecutivo municipal socialista al abogado del Estado por las costas derivadas del procedimiento Contencioso Administrativo que interpusieron contra la resolución, que dictaminó en el año 2017, el Ministerio de Industria y por la que tuvieron  que devolver la subvención de más de 10M€ que les habían concedido para la puesta en funcionamiento del CIDE.

El edil popular ha destacado que éste es de los primeros decretos que ha firmado la nueva alcaldesa, Clara Martín, y que no entiende por qué no se ha dado cuenta del mismo en la Junta de Gobierno Local, cuando es algo habitual informar de este tipo de decretos.

Por eso, Pablo Pérez, habla de ocultación de información, de continuidad en la gestión y del proyecto agotado del PSOE en nuestra ciudad, “un proyecto”, ha dicho, “que nos está costando mucho dinero, y de forma permanente, a los segovianos”, y como claro ejemplo de ello el millón de euros que saldrá de las arcas municipales, en cuestión de dos meses, para el pago de sentencias pendientes y para el CAT.

Pablo Pérez ha concluido su intervención señalando que “engañan en las cuantías, en los plazos y ocultan la información de esos50.000 euros que hay que pagar al abogado del Estado, que es la misma cantidad que destinan, en un año, a pagar a todo el tejido asociativo vecinal”.