La Diputación Permanente podría aprobar los decretos de vivienda tumbados por el Congreso tras el adelanto electoral del 29-N

El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre abre una nueva vía para que el Gobierno pueda sacar adelante sus medidas de vivienda después de que el Congreso de los Diputados rechazara el pasado viernes los dos reales decretos-ley aprobados por el Ejecutivo. Con las Cortes disueltas, la convalidación de los nuevos textos corresponderá a la Diputación Permanente del Congreso.

El Ejecutivo tiene previsto aprobar este martes 6 de octubre nuevamente las medidas de vivienda, con algunos cambios técnicos, para que puedan ser sometidas posteriormente a votación. La principal diferencia respecto a la votación del pasado viernes será la composición del órgano parlamentario encargado de su convalidación.

Una mayoría de 35 frente a 34

La Diputación Permanente está formada por 69 miembros, 68 diputados y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. En este órgano, el bloque formado por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y el representante del Grupo Mixto suma 35 votos, mientras que PP, Vox y Junts cuentan con 34.

Esta nueva aritmética hace que el apoyo de Junts deje de ser imprescindible para la convalidación. La formación catalana votó junto al PP y Vox contra los decretos de vivienda en el Pleno del Congreso del pasado viernes, cuando las medidas fueron rechazadas.

No obstante, el PNV tendrá un papel determinante. La formación vasca apoyó el primer decreto de vivienda en el Congreso, pero rechazó el segundo, por lo que el Gobierno necesita mantener su respaldo para garantizar la mayoría en la Diputación Permanente. Fuentes del PNV han señalado que estudiarán los nuevos textos antes de fijar su posición.

Los decretos fueron rechazados el viernes

Los dos reales decretos-ley fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 29 de septiembre y posteriormente llegaron al Congreso para su convalidación. Uno de ellos incluía medidas urgentes para reforzar la protección de la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible, mientras que el otro abordaba la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

El primero fue formalmente derogado por el Congreso el 2 de octubre, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno pretende ahora aprobar nuevamente las medidas, con determinados retoques técnicos, y buscar su convalidación en la Diputación Permanente antes de las elecciones del 29 de noviembre.

De esta forma, la disolución de las Cortes provocada por la convocatoria electoral modifica la aritmética parlamentaria que el Ejecutivo tenía en el Pleno y permite plantear una nueva votación sobre las medidas de vivienda sin depender del voto de Junts, aunque el respaldo del PNV continúa siendo determinante.