Ceuta desclasifica sus cartas: 40 documentos oficiales para responder a la sospecha de una "invasión" orquestada desde Marruecos

El Gobierno de España inicia hoy la publicación de alrededor de 40 documentos oficiales relacionados con la entrada masiva de más de 53.000 migrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, un episodio que ha escalado de crisis humanitaria a conflicto diplomático y ahora judicial entre Madrid y Rabat. La decisión, anunciada por la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros del martes, responde a la presión política acumulada durante las últimas semanas y llega acompañada de un mensaje directo: "No tenemos nada que esconder, actuamos con transparencia".

Entre los papeles que verán la luz en la web de La Moncloa figuran tres notas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un informe del CIFAS (los servicios de información de las Fuerzas Armadas) y el contenido de comunicaciones mantenidas entre el CNI, la Delegación del Gobierno en Ceuta y la UCE-3, la unidad de información de la Guardia Civil. Todos ellos están fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto, el marco temporal que el Ejecutivo considera clave para reconstruir qué se sabía y cuándo.

La publicación no llega en el vacío. El 1 de septiembre, El Español filtró el contenido de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), remitido a la Audiencia Nacional, que apunta a algo mucho más grave que un simple desborde fronterizo: según ese documento, la entrada masiva habría respondido a un proceso planificado para colapsar deliberadamente el sistema de control español, con gendarmes marroquíes guiando a los migrantes hacia puntos concretos de paso mientras agentes de paisano supervisaban los flujos desde la sombra. El informe llega a calificar lo ocurrido como una operación de contrainteligencia, vinculada a las reivindicaciones históricas de Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, y diseñada para exhibir las carencias de anticipación de las autoridades españolas.

Fuentes de la Guardia Civil y del propio CNI han ido más allá, señalando indicios de que agentes de los servicios de inteligencia de Rabat se habrían infiltrado entre la marea humana que cruzó la frontera, una hipótesis que, de confirmarse, elevaría el episodio a la categoría de acción de Estado encubierta más que de crisis migratoria espontánea.

El frente judicial se ha abierto ya de forma paralela al político. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha iniciado una causa penal que señala directamente a Marruecos como posible responsable de lo ocurrido. La instrucción no ha estado exenta de polémica: el ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a cuestionar públicamente la imparcialidad de la magistrada —afirmando que la investigación "huele un poquito a chamusquina"—, unas palabras que La Moncloa respaldó como "voz autorizada del Gobierno", pero que han sido interpretadas por buena parte del sector judicial y la oposición como una injerencia del Ejecutivo en un procedimiento en curso. Por su parte, la Guardia Civil entregó el 4 de septiembre a la jueza un informe propio en el que reconoce que los avisos disponibles antes de los hechos no permitían anticipar la magnitud real de lo que se avecinaba los días 30 y 31 de julio.

En el plano político, las reacciones se han polarizado según el guion habitual: Vox ha calificado la desclasificación de "cortina de humo" y asegura no esperar nada esclarecedor de los documentos; Sumar, socio de Gobierno, la valora como un paso positivo pero reclama que se depuren responsabilidades a medio plazo; y el resto de la oposición exige la comparecencia urgente del ministro del Interior en el Congreso. El propio presidente, Pedro Sánchez, ya compareció ante la Cámara el pasado 3 de septiembre para dar explicaciones sobre lo sucedido.

En el terreno humano, la mayoría de los adultos que entraron en Ceuta durante aquellos dos días ya han sido devueltos a Marruecos, mientras que varios grupos de menores no acompañados permanecen en la ciudad autónoma bajo la protección que dispensa la legislación española de infancia —un colectivo cuya situación seguirá generando debate al margen de cómo se resuelva la disputa diplomática y judicial de fondo.

Con la publicación de estos documentos, el Gobierno busca zanjar —o al menos acotar— una controversia que combina tres frentes simultáneos: la gestión operativa de la crisis fronteriza, la relación bilateral con Marruecos y el equilibrio institucional entre el Ejecutivo y el poder judicial. Todo apunta a que, lejos de cerrar el capítulo, la desclasificación abrirá una nueva fase de escrutinio sobre cada uno de esos frentes.