El Gobierno declara Ceuta zona de interés para la seguridad nacional y crea un "mando único" para coordinar la crisis migratoria

El Consejo de Ministros ha declarado la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta ante la crisis migratoria en la ciudad autónoma. "El Gobierno de España ha estado, está y va a seguir estando el tiempo que haga falta con los recursos que hagan falta", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. La situación en Ceuta es "extraordinaria" y la respuesta del Ejecutivo lo está siendo también, según ha defendido la portavoz, quien ha señalado que la actuación del Gobierno se ha desplegado en distintas fases, desde la seguridad y la colaboración institucional hasta la atención humanitaria, y que esta nueva fase requiere reforzar todavía más la coordinación entre todas las autoridades y administraciones implicadas.

Tras la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional celebrada esta mañana, el Ejecutivo ha aprobado la declaración relativa a Ceuta y ha constituido una autoridad funcional, conocida como "mando único", para coordinar las actuaciones. La autoridad corresponde al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que contará para esta labor con un comité especializado con representación de la ciudad autónoma a través de su presidente, Juan Jesús Vivas, la Delegación del Gobierno de Ceuta, el Centro Nacional de Inteligencia, todos los ministerios implicados y el Departamento de Seguridad Nacional. Saiz ha manifestado que se trata de una medida que permite que las capacidades del Estado y de todas las administraciones trabajen de manera coordinada y eficaz.

Repatriación, respuesta humanitaria y recuperación económica

El ministro Ángel Víctor Torres ha destacado que el Ejecutivo actuó de manera inmediata tras la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. En una primera fase, se logró que más del 90% de ellas regresaran a Marruecos, y desde entonces la presencia del Gobierno de España ha sido, según ha sostenido, permanente y constante en la ciudad. El Gobierno ha estado preparando la segunda fase, que se inicia ahora con la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional y la creación del órgano colegiado encabezado por el titular de Política Territorial. Torres ha detallado que las premisas de esta segunda fase son la devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores, siempre respetando el ordenamiento jurídico y el derecho superior del menor, a la vez que se trabaja en la respuesta humanitaria y de acogida que debe darse a quienes solicitan asilo o son menores no acompañados.

Otro pilar de la actuación del Ejecutivo es la recuperación económica y social de Ceuta, ha subrayado el ministro, quien ha apuntado que el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, se encuentra en Ceuta para reunirse con agentes sociales y económicos, tras abordar con el presidente de la ciudad autónoma la ampliación del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta. El propio Torres se desplazará hoy a la ciudad, donde mantendrá agenda los próximos días, y ha pedido comparecer el próximo jueves ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados.

Medidas anunciadas: espacios, fondos y refuerzo de efectivos

Torres ha explicado que en el Consejo de Ministros se ha presentado un primer informe de los distintos ministerios con las medidas adoptadas y las que se proponen para recuperar la normalidad en Ceuta. Entre ellas ha mencionado la habilitación de espacios para los migrantes, la aprobación de una partida de 25 millones de euros para la atención de menores no acompañados, la celebración de conferencias sectoriales, la respuesta sanitaria asistencial y de vacunación, el refuerzo de los efectivos de Interior, Justicia, Defensa, Exteriores y Política Territorial, y la activación de un plan de contingencia para proteger a las mujeres de la violencia sexual. El ministro ha avanzado, además, que mañana se celebrará una reunión específica para preparar el comienzo del curso escolar en Ceuta.

Torres ha recordado el precedente del verano de 2020, en plena pandemia, cuando llegó a haber cerca de 3.000 migrantes en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), y ha subrayado la lealtad del Gobierno con Ceuta y los ceutíes, incidiendo en la defensa de los derechos humanos y condenando "cualquier xenofobia".

Nuevas leyes de asilo y extranjería

El Consejo de Ministros ha abordado también la elaboración de una ley de asilo y la reforma de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, con el objetivo de adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en 2024. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que las realidades migratorias de los Estados miembros son diferentes, por lo que trasladar los reglamentos comunitarios a la legislación española requiere modificaciones legislativas, con un enfoque garantista que combina el respeto a los derechos humanos con la necesaria gestión de fronteras. Ambos anteproyectos serán trasladados a los ministerios e instituciones competentes para recabar observaciones antes de su tramitación parlamentaria.

El anteproyecto de ley de asilo actualiza las definiciones de protección internacional, estatuto de refugiado y protección subsidiaria, e incorpora de forma expresa realidades como la persecución por razón de género, identidad de género o discapacidad. Distingue entre un procedimiento ordinario y un procedimiento de examen acelerado, que deberá resolverse en tres meses, y fija un nuevo procedimiento de frontera con un plazo máximo de resolución de doce semanas, durante las cuales el solicitante deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas antes de que se autorice su entrada formal en el país.

Por su parte, la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería incorpora la figura del triaje, el proceso de recogida de información de las personas extranjeras que cruzan las fronteras exteriores de la Unión Europea sin haber sido sometidas a controles fronterizos, que incluye reconocimiento médico, examen de vulnerabilidad, identificación, toma de datos biométricos e inspección de seguridad. Grande-Marlaska ha recordado que, aunque el reglamento europeo permite que este procedimiento dure hasta siete días, en España seguirá siendo de 72 horas, prorrogables solo por decisión judicial. La reforma incorpora también los preceptos del Pacto Europeo que impiden la entrada en territorio nacional de personas que llegan de forma irregular y no tienen derecho a protección internacional, con un plazo máximo de retorno de doce semanas.

Registro estatal de grupos de interés

El Consejo de Ministros ha aprobado, además, el Real Decreto-ley de Transparencia e Integridad de las actividades de los grupos de interés, que regula la relación entre los grupos de interés y el personal público susceptible de recibir influencia en el ámbito de la Administración General del Estado. Según ha explicado Elma Saiz, la norma detalla quiénes tienen la consideración de grupos de interés, qué se entiende por actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibirla, y crea un registro obligatorio que estará gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.